La llamada industria de los contenidos en España no deja de sorprender. Para mal, casi siempre. La última propuesta de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de José Ignacio Wert ha levantado un revuelo de estupor e indignación a partes iguales entre los internautas. Parece otra gota en el océano de ignorancia que algunos políticos y grandes empresarios llevan años demostrando respecto a cómo funcionan las cosas en la red. Pero, ¿esconde algo más?
FOTO Geralt @ Pixabay
El pasado viernes 14 de febrero se presentó el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) incluyendo lo que se ha venido en denominar la «Tasa Google», tras varios intentos más o menos fallidos de hacer lo mismo en otros países europeos. ¿Cuál es la burda excusa de la reforma? La teoría de que unos hacen los contenidos y agentes externos se lucran de ello. Por simplificar, la cuestión es que los grandes periódicos han presionado para que servicios de agregación de noticias como Google News, Yahoo! News o Meneame paguen un canon.
Se trata de una de esas noticias que uno recibe con una mezcla de entretenimiento, estupefacción y finalmente, tristeza. Algo así como lo que, en vocabulario internetero conoceríamos como «de facepalm», algo que desafía toda la lógica. Lo que esta lógica nos dice es que un enlace a tu contenido siempre es algo de agradecer y para nada de motivo de queja o de pedir una contrapartida. Un enlace no es copiar, es recomendar, hacer que tu público se convierta en público de otra web.
Ni Google News ni Menéame ni ningún otro agregador de enlaces es una ONG, pero es fácil ver que su labor atrae tráfico a los grandes medios de comunicación y por tanto, redunda en beneficios para estos. A esto habría que sumar el SEO que una noticia publicada por un agregador obtiene y la reputación que ganará el medio siempre y cuando sus informaciones sean valiosas.
Hoy vamos a hablar de:
Posibles escenarios
Si la reforma va adelante, el escenario más probable es que el pulso absurdo lleve a que los agregadores dejen de enlazar a los grandes medios. No será una buena noticia para los agregadores, pero mucho peor lo será para los diarios online, dado que una buen parte de su tráfico proviene precisamente de estos agregadores y también de redes sociales como Twitter, que podrían verse indirectamente afectadas. Es decir, pudiera ser que los medios de toda la vida se estén cavando su propia tumba y nadie les llore demasiado.
Otra posibilidad es un ridículo anunciado. Ya lo vimos en Alemania y Bélgica, que tuvieron iniciativas similares. En estos países los medios fueron desindexados y ante el catastrófico panorama tuvieron que suplicar volver a ser añadidos. No sólo se trata de una derrota, sino de una que implica aceptar las nuevas condiciones de juego que la industria de los contenidos parece querer obviar. ¿De verdad creen las cabezas pensantes de El País, El Mundo o ABC que van a chantajear a Google y ganar?
Pues seguramente no, por eso la ley española propone la figura del intermediario y la obligatoriedad del derecho, para que estos medios se laven las manos y dificultar que un determinado medio elija salir de dicho mercadeo. Mientras tanto, los propietarios de estos grandes diarios no terminan de decir esta boca es mía, tal vez esperando a ver en qué queda el globo sonda. Antes de presionar para hacer legislaciones kamikazes, deberían escuchar a sus especialistas en Internet, en marketing online, en SEO, que ahora mismo deben de estar escondiéndose bajo sus escritorios u ocultando su rubor tras una tablet. Si las noticias de estos mismos medios cuentan con botones para compartir en Menéame, querrá decir algo.
J.I. Wert. FOTO UNED @ Flickr
Los bloggers: Paganos de la propuesta
Otra de las reflexiones surge cuando entran en juego entidades de gestión opacas. En este caso son CEDRO y Vegap las que tendrían la libertad para recaudar y repartir a su antojo, algo parecido a lo que viene haciendo una de las entidades más odiadas del internauta medio. Así es, al igual que con la SGAE, todo apunta a un sistema de cobrar «por si acaso» y pagar «no se sabe cómo».
Para el caso de un blogger pequeño o mediano, el texto recoge claramente que si contiene “publicaciones periódicas que tengan una finalidad informativa” tú como autor tienes un derecho, irrenunciable además, a exigir esta compensación a los agregadores si estos te enlazan. Qué bien, ¿no? Pues no tanto, porque quien ejercerá este derecho tuyo es CEDRO, la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual que cobrará en tu nombre independientemente de que así lo quieras, de que estés asociado o de que tu licencia sea Creative Commons. Y después lo repartirá únicamente entre sus socios. Una medida claramente destinada a mantener un oligopolio informativo afín al gobierno que les va a ayudar a librarse de la competencia emergente. Esto seguramente fomentaría el éxodo de los medios no conformes a otros países para evitar que terceros se aprovechen de su trabajo.
¿Sería posible dentro del marco propuesto una entidad de gestión alternativa para negociar, entre medios humildes y agregadores, una salida amistosa a este embrollo? Podría ser la mejor salida, aunque sea compleja.
En misa y repicando
El refranero es sabio y el dicho «no se puede estar en misa y repicando» ilustra bien la idea de esta Tasa Google. Los medios no pueden pretender recaudar por el tráfico que les es redirigido y a su vez recaudar más PORQUE el tráfico les es redirigido. Sobre todo porque tienen libertad para elegir. Fueron los propios internautas en medios como Twitter los que salieron raudos y sarcásticos con la solución que estos supuestamente expoliados medios aguardaban. Dicha panacea pasa por introducir en su fichero robots.txt el código que desactiva el bot por ejemplo, de Google News.
Hola @elmundoes @el_pais @larazon_es @abc_es tengo la solución a vuestros problemas: pic.twitter.com/UH3tRwIHkG
— David Fernández (@naroh) February 15, 2014
Por su parte Google ha emitido ya un comunicado en el que, aparte de señalar esta posibilidad de los editores a no aparecer, aclara algunos puntos, como que Google News no lleva publicidad y que se trata más bien de una herramienta orientada a que los editores generen audiencia e ingresos.
El texto de la propuesta, abajo detallado, está lleno de ambigüedades y por tanto hay muchas posibilidades abiertas aún en el caso de que se apruebe. Pero lo cierto es que ninguna de ellas parece buena ni para la competencia ni para la libertad de prensa.
«Artículo 32 (LPI). Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica. […] 2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.